La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha arremetido contra la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos asegurando que atenta de pleno contra la libertad de elección del consumidor, ya que obliga al pago de la renta a través de medios electrónicos, lo que supone una discriminación a 1,4 millones de personas que se encuentran en riesgo de exclusión financiera.
